Sobre un “mito fundacional”

Al sabio Esopo, sea quien sea… o quienes sean, se concede la autoría de numerosas fábulas protagonizadas las más de las veces por animales asociados a ciertas características, valores o vicios. Entre ellas la historia “De Júpiter y de las ranas”. Historia que curiosamente, a diferencia de las demás fábulas de Esopo, no mantiene la estructura distintiva de esta figura literaria: un inicio en el que se advierte del tema señalando y el tipo de valor moral a tratar (en este caso no es explícito), un desarrollo, y una lección que repite la parte con la que se dio comienzo a la narración.

“De Júpiter y de las ranas”, más allá de ser una fábula con pretensión de señalar el vicio de desear más de lo que se tiene, característica asociada a las ranas también en la fábula “De la rana y del buey”, es una historia sobre la formación del Estado, aquel mito fundador del que tantas páginas han sido escritas y debatidas. Si en la fábula “errar” se entiende como abuso, existe un hombre (o entidad / institución) a quien las ranas (un símil para representar a las personas) otorgan autoridad y le ceden su poder a fin de intermediar en sus relaciones, para prevenir el desmán de “las ranas” más fuertes y proteger a las más débiles. O si “errar” se lee como exceso, existe un hombre a quien las ranas ceden su poder para que éste regule sus relaciones y evite el “dilema de los comunes”. De ambas formas, ese personaje que concentra el poder otorgado por las ranas es productor de miedo (tanto el madero como la cigüeña). Sí, miedo, ese elemento clave para sellar el pacto social – Estado.

Muchos elementos se escapan de mi compresión debido a mi escaso conocimiento en ciencia política, pero después de leer sobre ese primer regidor y la exigencia de las ranas por tener uno quien pudiera ejercer castigo sobre ellas (la cigüeña, audaz y aleccionadora en “De la raposa y de la cigüeña”), no puedo evitar referirme al establecimiento de un gobierno cooptador (Del deber de la desobediencia civil). Si bien su construcción no se trata de un proceso deliberado, ni mucho menos coordinado por ciertos personajes a petición de las personas, sí se trata de un proceso en el que poco a poco se ceden libertades y se desdibuja la línea entre lo público y lo privado, esa línea que por infortunio debió ser establecida una vez se planteó la vida en sociedad bajo la figura estatal.

 “De Júpiter y de las ranas”:

(1) Las ranas, viviendo libremente en las lagunas y riberas donde más les placía, juntándose con gran clamor, pidieron a Júpiter que les diese un regidor y gobernador, el cual corrigiese y castigase a las que errasen entre ellas. (2) Oída esa petición, Júpiter se rió de ellas. Pasado el tiempo comenzaron a dar grandes voces y como no vieron ninguna señal de Júpiter, enviaron a suplicarle sobre ello. El cual como era piadoso, viendo su inocencia, les envío una gran viga a la laguna. (3) Las ranas, oyendo el gran sonido que se hizo en el agua, del madero pesado todas huyeron y fueron espantadas, mas poco después una de ellas alzó la cabeza sobre el agua para mirar y saber qué regidor tenían, y viendo que era un madero, llamó a las otras. Y algunas llenas de miedo se juntaron para saludar a su nuevo rey, y cuando llegaron hasta él, se dieron cuenta de que era un madero en el cual no había espíritu de vida. Y llegando más cerca se subieron sobre él y le hollaron y pisaron con los pies. (4) Y así otra vez volvieron a rogar a Júpiter, diciendo que el regidor que les había dado era cosa inútil y tal que no podía ejercer el castigo en ellas, y que por eso les fuese dado otro más conveniente. (5) Entonces Júpiter les envío la cigüeña, la cual comenzó a comerlas una a una. Viendo las ranas esta crueldad llamaron con altas voces y llorando a Júpiter, pidiendo ser socorridas de él, diciendo que todas morirían. A las cuales respondió Júpiter tonante desde lo alto: “Como vosotras me demandasteis rey, yo no os lo querría dar, y contra mi voluntad y gran instancia vuestra, os di la viga, la cual menospreciaste, y así os otorgué a ese gobernador que ahora tenéis y tendréis en adelante, y razón es que ya no quisisteis el bien, ahora sufráis el mal. (6) Quiere decir esta fábula que no conoce el hombre el bien salvo cuando prueba el mal. Y que debe estar contento el que tiene lo que le conviene, y asimismo no sea de otro lo que puede ser suyo.

Sin palabras

Digno de Kafka

JUSTICIA. Esta es la historia de Gustavo Canal, el exministro de Transporte que por hacer una conciliación de buena fe acabó preso.
Sábado 26 Noviembre 2011 - Revista Semana

El proceso contra GustavoAdolfo Canal parece un capítulo de Kafka sobre la justicia colombiana. El exministro de Transporte acaba de ser detenido por peculado, que es el delito para quienes malversan o se apropian de los bienes del Estado. Lo paradójico es que a Canal se le acusa de lo contrario: de haber pagado menos de lo que le correspondía en una conciliación de un pleito por una carretera. Las cifras del caso son escandalosas y evidencian los exabruptos a los que llegó la contratación estatal en el país.

En 1983, el Fondo Vial Nacional (hoy Invías) adjudicó a un consorcio un tramo entre dos municipios de Antioquia por 600 millones de pesos. Y ahora el Estado está obligado a desembolsarles a esos contratistas más de 70.000 millones de pesos por esa vía de 22 kilómetros que nunca se terminó de construir. Parece insólito, pero así es.

La historia de cómo un enredo de 600 millones de pesos se convirtió en uno de 70.000 millones no es sencilla. Y esa novela es la que tiene hoy a Gustavo Canal detenido en su casa en las afueras de Bogotá. En menos de un mes, el exministro pasó de recibir una de las mejores noticias de su vida, el nacimiento de su nieto en Estambul (Turquía), a tener una orden de captura por ser "un peligro para la sociedad" que lo hizo regresar al país y por la cual lleva más de tres semanas privado de la libertad.

El caso al que se enfrenta Canal es tan complejo como desconocido para la opinión pública. Pero de concretarse, la conciliación que pagaría el Estado sería tres veces mayor que la del escándalo de Dragacol (que fue de 26.000 millones). Por eso, quizás ningún ministro ha querido hacerla. Incluso cuando hace unos años la Contraloría conminó a Andrés Uriel Gallego a pagarla, este se negó diciendo que así se "desfalcarían en forma ostensible, sin posibilidad de recuperación, las arcas del Estado" y que preferiría ir a la cárcel antes que girarles el cheque.

Para entender semejante enredo hay que remontarse varios años atrás, cuando Gustavo Adolfo Canal nada tenía que ver con la función pública. En el momento en que la carretera se adjudicó, él trabajaba como gerente de una empresa familiar que confecciona cueros. El 'chicharrón' le llegó 13 años más tarde, en 1998, cuando aceptó el cargo de director de Invías. Hasta ahí el caso podía ser parte del inventario de obras frustradas del país. La carretera debía construirse en dos años, pero el contrato se prorrogó ocho veces, hasta que en 1991 Invías decidió que era mejor no hacer la carretera con el consorcio que seguir en ese calvario, y les terminó el contrato.

Los integrantes del consorcio, entre ellos, el polémico empresario Édgar Botero Aguilar, demandaron al Estado pues, según ellos, el incumplimiento fue culpa del Invías por no pagar a tiempo y no revisar los precios. La entidad concilió con los empresarios esa demanda con base en un cálculo de los 690 millones del costo original del contrato más los intereses.

Si se hubiera conciliado en 1991, cuando los contratistas demandaron, esa cifra habría sido del orden de 12.000 millones de pesos. Pero Invías concilió solamente en 1998, y en ese momento el monto ya se había duplicado. Y Canal, quien se acababa de posesionar como director del organismo, buscó fórmulas para solucionar esa papa caliente. En resumen, Canal y su asesor jurídico, Federmán Quiroga (también detenido en la actualidad) aplicaron un interés del 6 por ciento anual al monto del acuerdo. Con esta operación, el Invías terminó pagándoles a los contratistas un poco más de 24.000 millones de pesos. Pero estos últimos consideraron que la liquidación se hizo mal porque la tasa de interés debía ser del 12 por ciento. Y por esa razón, en 2000 volvieron a demandar al Estado. Esto hizo que a pesar de ese desembolso multimillonario, la pelea, lejos de terminarse, se intensificara.

Por haber pagado el 6 y no el 12 por ciento de interés Canal está detenido. Según el auto de la Fiscalía que le ordenó medida de aseguramiento, "pese a que no se advierte que se haya apropiado de recurso alguno del erario", al aplicar una fórmula con un porcentaje menor hizo que el "Estado tuviese que afrontar una nueva reclamación". Es decir, la Fiscalía maneja la absurda hipótesis de que el exministro pudo haber estado amangualado con los contratistas y decidió pagarles menos para que estos pudieran volver a demandar, como efectivamente lo hicieron. Luis Fernando Mejía, abogado del consorcio, señala que no existió ningún acuerdo con Canal. De hecho asegura que la conciliación no se tramitó con él sino con el funcionario anterior a su administración, pero asegura que Canal sí "pecó por omisión", y pudo cometer peculado, al no haber hecho el pago como tocaba.

La segunda demanda es otra película. El Estado perdió el pleito. El Tribunal de Antioquia condenó al Invías a pagar lo que faltaba. Para esto, la entidad llamó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, que dirigía Francisco Ramírez Vasco, quien conceptuó que por intereses de mora, honorarios de abogados y otros conceptos, el saldo había llegado a 200.000 millones. Con base en esa cifra, el Invías decidió conciliar de nuevo con los contratistas por 70.000 millones. Sin embargo, en mayo de este año ese pago fue suspendido por la Fiscalía por considerarlo "ilegal".

Desde que se enteró, en 2006, de la nueva conciliación, Canal se ha reunido con todos los que han tenido que ver con el caso en el Estado para impedir el desembolso: con el anterior contralor Turbay, con la contralora Morelli, con los zares anticorrupción, con el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego.

Pero resolver ese embrollo no es para nada fácil. Por un lado, porque el pago de los 70.000 millones es el resultado de una conciliación, que en términos prácticos tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. Por ahora, lo que hay son unas indagaciones de las Fiscalía para encontrar si esta conciliación fue irregular. Mientras estas se adelantan, los intereses y las indexaciones pueden más que duplicar el monto original si el Estado vuelve a perder, como sucedió en el pasado. Por otro lado, el caso de Canal en un país sacudido por escándalos de corrupción también deja un pésimo precedente. En primer lugar, que aceptar firmar una conciliación entraña riesgos enormes para cualquier funcionario. Y en segundo, que es mejor girarles a los contratistas lo que pidan que irse con ellos a pleito. Eso en el país de los Nule es una lección bastante difícil de procesar.

Al final, la justicia determinará si Canal es inocente o culpable. Pero parece un exabrupto haberle aplicado una detención preventiva como "peligro para la sociedad" por una actuación suya de hace 14 años. El exministro pudo haberse equivocado al liquidar los intereses por buscar favorecer a la Nación. Pero no parece lógico suponer que se trató de una decisión deliberada para favorecer a los contratistas y deducir de ahí el delito de peculado. El caso es definitivamente kafkiano.


Algunas explicaciones (incluido los vínculos con el caso Nule) en Procurando  de Daniel Coronell http://www.semana.com/opinion/procurando/168547-3.aspx

La redistribución y el Teorema del Votante Mediano

El Teorema del Votante Mediano (TVM) encuentra aplicación en el análisis de agregación de preferencias en búsqueda de la elección social sobre determinado parámetro, por ejemplo, el tamaño del Estado. Ésta es precisamente la variable objetivo de esta breve referencia sobre el TVM. Cabe aclarar dos aspectos: Primero, por tamaño del Estado se entiende la fuerza o capacidad de decisión del Estado en cuanto a la redistribución; en este caso, la decisión colectiva enfrenta conflictos de interés en función de la “generosidad” o del “deseo” de un Estado que realice más o menos transferencias entre sus integrantes[1] (Meltzer, 1981). Segundo, la forma ordinal en la que se organiza a la población para establecer el “elemento” o individuo dependerá de la dimensión de heterogeneidad escogida: el ingreso (ricos y pobres), la edad (viejos y jóvenes) o la situación laboral (desempleados y empleados)[2].

Utilidad del Teorema del Votante Mediano

El teorema permite ver que es posible encontrar un equilibrio político bajo una regla de mayoría simple, si se cumplen ciertas propiedades sobre las preferencias de los votantes y la dimensión del espacio de políticas a elegir. Siguiendo esta lógica,  la decisión con respecto al tamaño del Estado va a tender a la que corresponde con la maximización de la Utilidad del votante mediano. El grupo social resulta, así, dividido entre quienes desean una menor y quienes desean una mayor proporción del parámetro, frente al deseo del votante mediano. Dicho resultado muestra aspectos importantes del equilibrio político en una democracia, como el hecho de que existen incentivos a complacer a la mayoría. También, permite hacer predicciones sobre cuáles serían las políticas elegidas en este contexto, involucrando, en cierta medida, un análisis de estática comparativa[3]. Y permite interpretar la distribución de la población con respecto a la dimensión de heterogeneidad.

Limitaciones del Teorema del Votante Mediano

Algunas de los limites que encuentre la utilización del TVM dada sus fuertes restricciones, son:

-        Solamente se aplica a problemas unidimensionales de política, por lo que la única variable a votar es el nivel de impuestos sobre el ingreso o riqueza, para establecer una restricción presupuestal para el Estado. Es unimodal en el sentido de que solo analiza el proceso de escogencia política bajo una única dimensión de heterogeneidad como las ya mencionadas (edad , ingreso, etc.)

-        Se asume que cada moneda sujeta de transferencia tiene igual efecto en la utilidad  de ambos sectores (los que quieren más impuestos, y los que quieren menos).

-        El TVM es un mecanismo de democracia directa, por lo que se debe complementar con otros variables para determinar la decisión colectiva en casos en los que hayan elementos ideológicos (probabilidades) y/o competencia entre partidos (democracia representativa), y en consecuencia: promesas, posibilidades de cabildeo o de “hacer lobby”, o deudas electorales.

-        Se asume que todos los grupos de interés tiene una misma ponderación en sus votos y que, efectivamente, toda la población vota.

-        Pierde aplicación cuando se trata de políticas de interés específico, pues estás se dirigen a grupos más homogéneos y que se adaptan más al mecanismo de relaciones de agencia.

-        No plantea explícitamente consideraciones con respecto a una próxima votación para decidir sobre el tamaño de Estado (juego recurrente o de rondas).

Políticas Redistributivas

Las políticas de interés específico son aquellas que se dirigen a grupos reducidos de la población y, al igual que las de interés general, implican una decisión colectiva sobre el tamaño del Estado. Esta última se traduce en decidir sobre la distribución de los costos (impuestos) y la concentración de los beneficios (transferencias). Esta decisión estará influenciada por ciertos factores (que como ya se vio limitan la aplicación del TMV): los incentivos y formas de organización (micropolítica), relaciones de clientela y expresiones ideológicas de grupos de interés.

Estas características hacen que las políticas de interés específico no estén determinadas por fuerzas políticas sobre las que se tenga certidumbre ni seguridad de una solución óptima socialmente; obteniendo como resultado los denominados “fracasos políticos” y “fracasos de mercado”. Los últimos difieren de las “fallas de mercado”, pues no emergen por problemas internos del mercado sino por una intervención del Estado (política redistributiva) que genera ineficiencias en la asignación de recursos.

Por ejemplo, en el mercado de capitales, es un consenso que la inversión se hace si se van a percibir beneficios de la misma; por lo que una política redistributiva que implique mayores impuestos va a generar desincentivos para la inversión (Acemoglu, 2005). No obstante, si en el flujo de ingresos y egresos se contabilizan impuestos iguales en toda actividad productora de Valor Agregado o actividad financiera, se tendría una reducción en la rentabilidad en todos los sectores y se mantendría la inversión.

En el caso de políticas de interés específico, los cambios tributarios son sectorizados implicando la desviación de recursos hacia actividades con menor tasa impositiva. La cuestión pasaría a ser si de esa manera realmente se llega a un óptimo social o si se generan subóptimos sociales, y si en combinación con otras medidas para controlar la inversión de capital no se restringe, por parte de las elites políticas, el acceso a esas actividades.

Pero, las políticas redistributivas de interés específico no tienen que generar necesariamente ineficiencias económicas si se sostiene la fórmula según la cual a mayor inequidad menor inversión (Alesina y Perotti, 1993). La inequidad aviva el descontento social, luego se incrementa la inestabilidad política, y más tarde, debido a este último resultado, disminuye la inversión. Si el grupo de interés específico es el de los pobres, al redistribuir dándoles más riqueza a ellos, según Perotti estaríamos disminuyendo la inequidad; por lo que aumentaría la inversión, es decir, habría una mejor utilización de los recursos.

Ahora bien, los votantes requieren percibir confianza de aquellos quienes representarán su interés por permitir al estado propender por la redistribución. Cuando existen instituciones con la capacidad de hacer cumplir a los candidatos las plataformas de política que anuncian antes de las elecciones y cuando el estado de la economía se puede verificar fácilmente (información perfecta), la provisión de bienes públicos es eficiente y los gobernantes no se apropian de ninguna renta. Por otro lado, cuando el gobernante tiene mayor información que los electores y las instituciones no pueden revisar el verdadero estado de la economía, aparecen rentas positivas que van a parar a los bolsillos de los gobernantes, dado que estos pueden mostrar un estado falso que les permita apropiarse de un nivel positivo de rentas. De esta forma, los problemas de información exacerban el problema de agencia y disminuyen el poder de los electores para controlar al gobernante y escoger la política económica que desearían.

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[1] Claramente, toda transferencia habrá de tener un soporte presupuestal que se nutre de los impuestos; dejando, en parte, el conflicto en términos de votantes que quieren recibir más y pagar menos.

[2] Principalmente para el caso de Latinoamérica, la categoría de desempleados puede ser remplazada por una que distinga a los empleados informalmente y a los no empleados.

[3] Por ejemplo, el caso de un cambio en los valores colectivos (Alesina, 2004), que implique un desplazamiento de las funciones de utilidad individuales y/o social, aumentando o disminuyendo la demanda por redistribución; o la variación del valor absoluto de la diferencia entre el ingreso medio y el ingreso mediano.

Pedro Abramo: “Ciudad caleidoscópica. Una visión heterodoxa de la economía urbana”

Pedro Abramo realiza una crítica al modelo de orden segregado ortodoxo. El punto de quiebre entre dicho modelo y su planteamiento parte de una identificación distinta del papel del empresario (o del propietario productor de espacio construido) en el mercado habitacional o de vivienda.

La postura neoclásica frente a todos los mercados se fundamenta en el principio (universal) del intercambio y, de igual forma, este principio aplica al mercado de vivienda. En ese sentido, se plantean dos fuerzas de mercado: oferta y demanda, las cuales interactúan con el propósito de lograr la situación de equilibrio, en la que la oferta de vivienda satisfaga la demanda en ese mercado. Ahora bien, el precio de equilibrio es obtenido a partir de las decisiones (anticipaciones racionales) de los demandantes a través del juego competitivo por la localización; este juego o competencia se da entre distintos “tipos” de familias que en este marco teórico son clasificadas en función de sus recursos. El resultado es un orden urbano en el que las familias logran adquirir la ubicación (y sus externalidades positivas) sujetas a su restricción presupuestaria (“segmentación” social según la renta).

Frente a esta metodología Abramo, de forma similar a la que Keynes utiliza en su crítica a la visión neoclásica del mercado de trabajo[1], cuestiona dos aspectos específicos: la soberanía de la demanda y el propietario ausente.

El primer aspecto hace referencia a la definición del precio de mercado a partir de la competencia entre familias categorizadas por sus dotaciones, quienes toman sus decisiones de vivienda de forma descentralizada y anticipando (racionalmente) las externalidades de las diferentes localizaciones relativas[2] a las que pueden acceder. Para que este mecanismo de coordinación de las decisiones individuales funcione correctamente es necesario establecer una condición de naturaleza ergódica que garantice la convergencia. Sin embargo, bajo la propia lógica de la familia representativa afanosa por maximizar el “lucro” familiar, los agentes tendrán la motivación a comportarse de manera “oportunista” buscando externalidades positivas de vecindad. Éstas podrían encontrarlas en las localizaciones en donde hayan familias con niveles de renta superiores. Las familias buscarán ubicarse en aquellas localizaciones asociadas a ingresos superiores a los propios y es posible que este comportamiento atraiga más familias “oportunistas” y, en forma complementaria, “expulse” familias ubicadas en la zona antes de que inicie la transformación de la misma. El escenario resultante es de incertidumbre radical y generalizada[3], como lo denomina Abramo. De modo que, las anticipaciones o expectativas de los agentes se deben enfrentar a un futuro ordenamiento residencial de carácter incierto. No obstante, ésta no es la principal crítica del autor, como se verá a continuación.

El segundo aspecto se refiere a la desestimación del papel del propietario en la definición no solo del precio sino del propio ordenamiento urbano. La detracción de Abramo frente a este planteamiento de la teoría ortodoxa parte del hecho por el cual las familias deciden en el marco de una economía de producción. El propietario tiene sus propias motivaciones y racionalidad; quien coloca los stocks (parques residenciales) en el mercado es su “motor”, es un capitalista emprendedor urbano[4]. Y a diferencia del empresario en el mundo de la teoría ortodoxa, el capitalista emprendedor urbano no es neutral, ni mucho menos pasivo[5], en relación al proceso de ordenamiento. Esta distinción entre los dos planteamientos significa “rechazar” la determinación imperialista de la demanda, pues precisamente la oferta posee la capacidad de alterar el orden urbano a través de su relación con la demanda.

Dicha relación concibe el poder que la oferta puede ejercer en tanto poseedora de las ventajas jurídicas otorgadas sobre la propiedad inmobiliaria y la práctica de la innovación, entre otros medios de imponer condiciones mercantiles a la demanda. La innovación puede ser de dos tipos: innovación del proceso e innovación del producto. La primera hace referencia a innovaciones tecnológicas que repercuten en mayor productividad en función de nuevas y/o mejores posibilidades de producción y en el configuración urbana, invalidando las anticipaciones concebidas e incidiendo en las decisiones de localización de las familias. La segunda se refiere a la diferenciación de los productos ofrecidos en el mercado, bajo dos motivaciones que convergen en mayores beneficios (“transferencia de riquezas”): (1) reorientar el consumo a través de la segmentación de la oferta o de las porciones de mercado que satisface cada empresario; e (2) imponer un mark up urbano al consumo a través de la alteración del orden residencial urbano, mediante la producción de viviendas diferenciadas[6] y de la dinámica de la destrucción creativa de las características del orden urbano a partir de la “depreciación ficticia” del stock residencial y las innovaciones.

Ambos mecanismos redistribuyen la riqueza y significan la no neutralidad de las acciones de la distribución de la propiedad. Este resultado difiere de la concepción ortodoxa como también lo hace la propia inclusión  de la innovación en  el análisis,  pues, fractura el principio de la toma de decisiones basada en anticipaciones racionales y objetivas.

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[1] Que al igual que la tierra no constituye una mercancía, y aún así la teoría ortodoxa le da el mismo tratamiento en la lógica del intercambio.

[2]    Una mejor localización no se expresa en términos de la distancia al centro de negocios, sino que, sobre todo, de las localizaciones relativas. Las familias buscan aglomeraciones en las que absorban más externalidades positivas de vivienda y se alejen de las familias de menor renta. Por esta razón, el modelo neoclásico arroja una configuración espacial de círculos concéntricos que segregan las familias según sus recursos.

[3]    Ésta también es resultado de las percepciones exageradas, las respuestas desarticuladas, las especulaciones en cuanto al futuro y los esfuerzos organizados que pueden tener éxito o no tenerlo.

[4]    Basado en el capitalista emprendedor de la teoría evolucionista de Schumpeter.

[5]    Como sí lo es en la teoría de neoclásica, según la cual el propietario (ausente) se limita a apropiar las señales del resultado del equilibrio (en este caso, espacial) para definir su combinación de factores de producción que maximicen su beneficio.

[6]    La economía industrial ortodoxa contempla también la diferenciación del producto, pero sosteniendo la lógica de la “soberanía de la demanda”. En otras palabras, en tanto que el empresario juega un papel sumiso ante las señales del merado, el producto diferenciado es el que conduce a estructuras de competencia imperfecta y no el espíritu animal del empresario.