El Teorema del Votante Mediano (TVM) encuentra aplicación en el análisis de agregación de preferencias en búsqueda de la elección social sobre determinado parámetro, por ejemplo, el tamaño del Estado. Ésta es precisamente la variable objetivo de esta breve referencia sobre el TVM. Cabe aclarar dos aspectos: Primero, por tamaño del Estado se entiende la fuerza o capacidad de decisión del Estado en cuanto a la redistribución; en este caso, la decisión colectiva enfrenta conflictos de interés en función de la “generosidad” o del “deseo” de un Estado que realice más o menos transferencias entre sus integrantes[1] (Meltzer, 1981). Segundo, la forma ordinal en la que se organiza a la población para establecer el “elemento” o individuo dependerá de la dimensión de heterogeneidad escogida: el ingreso (ricos y pobres), la edad (viejos y jóvenes) o la situación laboral (desempleados y empleados)[2].
Utilidad del Teorema del Votante Mediano
El teorema permite ver que es posible encontrar un equilibrio político bajo una regla de mayoría simple, si se cumplen ciertas propiedades sobre las preferencias de los votantes y la dimensión del espacio de políticas a elegir. Siguiendo esta lógica, la decisión con respecto al tamaño del Estado va a tender a la que corresponde con la maximización de la Utilidad del votante mediano. El grupo social resulta, así, dividido entre quienes desean una menor y quienes desean una mayor proporción del parámetro, frente al deseo del votante mediano. Dicho resultado muestra aspectos importantes del equilibrio político en una democracia, como el hecho de que existen incentivos a complacer a la mayoría. También, permite hacer predicciones sobre cuáles serían las políticas elegidas en este contexto, involucrando, en cierta medida, un análisis de estática comparativa[3]. Y permite interpretar la distribución de la población con respecto a la dimensión de heterogeneidad.
Limitaciones del Teorema del Votante Mediano
Algunas de los limites que encuentre la utilización del TVM dada sus fuertes restricciones, son:
- Solamente se aplica a problemas unidimensionales de política, por lo que la única variable a votar es el nivel de impuestos sobre el ingreso o riqueza, para establecer una restricción presupuestal para el Estado. Es unimodal en el sentido de que solo analiza el proceso de escogencia política bajo una única dimensión de heterogeneidad como las ya mencionadas (edad , ingreso, etc.)
- Se asume que cada moneda sujeta de transferencia tiene igual efecto en la utilidad de ambos sectores (los que quieren más impuestos, y los que quieren menos).
- El TVM es un mecanismo de democracia directa, por lo que se debe complementar con otros variables para determinar la decisión colectiva en casos en los que hayan elementos ideológicos (probabilidades) y/o competencia entre partidos (democracia representativa), y en consecuencia: promesas, posibilidades de cabildeo o de “hacer lobby”, o deudas electorales.
- Se asume que todos los grupos de interés tiene una misma ponderación en sus votos y que, efectivamente, toda la población vota.
- Pierde aplicación cuando se trata de políticas de interés específico, pues estás se dirigen a grupos más homogéneos y que se adaptan más al mecanismo de relaciones de agencia.
- No plantea explícitamente consideraciones con respecto a una próxima votación para decidir sobre el tamaño de Estado (juego recurrente o de rondas).
Políticas Redistributivas
Las políticas de interés específico son aquellas que se dirigen a grupos reducidos de la población y, al igual que las de interés general, implican una decisión colectiva sobre el tamaño del Estado. Esta última se traduce en decidir sobre la distribución de los costos (impuestos) y la concentración de los beneficios (transferencias). Esta decisión estará influenciada por ciertos factores (que como ya se vio limitan la aplicación del TMV): los incentivos y formas de organización (micropolítica), relaciones de clientela y expresiones ideológicas de grupos de interés.
Estas características hacen que las políticas de interés específico no estén determinadas por fuerzas políticas sobre las que se tenga certidumbre ni seguridad de una solución óptima socialmente; obteniendo como resultado los denominados “fracasos políticos” y “fracasos de mercado”. Los últimos difieren de las “fallas de mercado”, pues no emergen por problemas internos del mercado sino por una intervención del Estado (política redistributiva) que genera ineficiencias en la asignación de recursos.
Por ejemplo, en el mercado de capitales, es un consenso que la inversión se hace si se van a percibir beneficios de la misma; por lo que una política redistributiva que implique mayores impuestos va a generar desincentivos para la inversión (Acemoglu, 2005). No obstante, si en el flujo de ingresos y egresos se contabilizan impuestos iguales en toda actividad productora de Valor Agregado o actividad financiera, se tendría una reducción en la rentabilidad en todos los sectores y se mantendría la inversión.
En el caso de políticas de interés específico, los cambios tributarios son sectorizados implicando la desviación de recursos hacia actividades con menor tasa impositiva. La cuestión pasaría a ser si de esa manera realmente se llega a un óptimo social o si se generan subóptimos sociales, y si en combinación con otras medidas para controlar la inversión de capital no se restringe, por parte de las elites políticas, el acceso a esas actividades.
Pero, las políticas redistributivas de interés específico no tienen que generar necesariamente ineficiencias económicas si se sostiene la fórmula según la cual a mayor inequidad menor inversión (Alesina y Perotti, 1993). La inequidad aviva el descontento social, luego se incrementa la inestabilidad política, y más tarde, debido a este último resultado, disminuye la inversión. Si el grupo de interés específico es el de los pobres, al redistribuir dándoles más riqueza a ellos, según Perotti estaríamos disminuyendo la inequidad; por lo que aumentaría la inversión, es decir, habría una mejor utilización de los recursos.
Ahora bien, los votantes requieren percibir confianza de aquellos quienes representarán su interés por permitir al estado propender por la redistribución. Cuando existen instituciones con la capacidad de hacer cumplir a los candidatos las plataformas de política que anuncian antes de las elecciones y cuando el estado de la economía se puede verificar fácilmente (información perfecta), la provisión de bienes públicos es eficiente y los gobernantes no se apropian de ninguna renta. Por otro lado, cuando el gobernante tiene mayor información que los electores y las instituciones no pueden revisar el verdadero estado de la economía, aparecen rentas positivas que van a parar a los bolsillos de los gobernantes, dado que estos pueden mostrar un estado falso que les permita apropiarse de un nivel positivo de rentas. De esta forma, los problemas de información exacerban el problema de agencia y disminuyen el poder de los electores para controlar al gobernante y escoger la política económica que desearían.
[1] Claramente, toda transferencia habrá de tener un soporte presupuestal que se nutre de los impuestos; dejando, en parte, el conflicto en términos de votantes que quieren recibir más y pagar menos.
[2] Principalmente para el caso de Latinoamérica, la categoría de desempleados puede ser remplazada por una que distinga a los empleados informalmente y a los no empleados.
[3] Por ejemplo, el caso de un cambio en los valores colectivos (Alesina, 2004), que implique un desplazamiento de las funciones de utilidad individuales y/o social, aumentando o disminuyendo la demanda por redistribución; o la variación del valor absoluto de la diferencia entre el ingreso medio y el ingreso mediano.
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